Existen distintas oportunidades en las que el SIDH podría dialogar con los alcances del derecho a la tierra desarrollados por el Comité dentro de su jurisprudencia.

En primer lugar, la construcción de derechos autónomos no expresamente previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) ha sido una práctica reiterada por parte de la Corte, como ha ocurrido, por ejemplo, respecto al derecho a la verdad (ver caso Rodríguez Vera) y el derecho a la autonomía (ver caso I.V.), siempre y cuando se puedan desarrollar en función de otros derechos dentro del Tratado. Los elementos para que el SIDH construya el derecho a la tierra en los mismos términos que el Comité, están dados      en función –al menos- del derecho a la propiedad y de los DESCA (ver caso Cuscul) protegidos bajo los artículos 21 y 26 de la CADH.  En efecto, el derecho a la propiedad, en los términos interamericanos, abarca el derecho de los y las titulares sobre determinados bienes a poseerlos y usarlos, incluyendo terrenos, pero su articulación con los DESCA cristalizaría el rol de la tierra como presupuesto para la satisfacción de otros derechos, como la alimentación y la vivienda, tanto de la persona titular como para la sociedad.

En primer lugar, en próximos casos que conciernen la protección de tierras indígenas la Corte IDH podrá asumir desarrollos de este Comentario. Ya en Lhaka Honhat, la Corte IDH identificó cómo la violación del derecho a la propiedad indígena afectó varios de los DESCA enunciados en el Comentario como fundamentos del derecho a la tierra. Además, el Comité enmarca como parte del derecho a la tierra varios hallazgos de la propia Corte IDH – citando precedentes como Yakye Axa y Saramaka–  como el derecho a que se demarquen sus tierras tradicionales, la protección contra injerencias arbitrarias sobre sus tierras, y el derecho a la restitución de sus tierras tradicionales.  

En segundo lugar, la protección de personas defensoras de derechos humanos alcanza al derecho a la tierra. Ya la Corte IDH se pronunció sobre la protección de defensores en casos asociados al medio ambiente, frente a la explotación maderera ilegal o al impacto de proyectos de desarrollo económico, como en el caso Kawas. Casos de este tipo persisten en la región y están intrínsecamente asociados a la tierra. Un próximo caso de este tipo puede dar pie para un diálogo con el Comité, que en su Comentario previó que “los Estados deberán adoptar todas las medidas necesarias para respetar a los defensores de los derechos humanos y su trabajo, también en lo que atañe a las cuestiones relacionadas con la tierra”.

En tercer lugar, el Comentario brinda un mapa para incorporar el enfoque de género en los casos de afectaciones a derechos a la tierra. Más allá de reconocer las dificultades que las mujeres tienen en el acceso y tenencia de tierras, prevé, entre otros, que para ellas la tierra es herramienta para la subsistencia, para mejorar su participación en lo que concierne a recursos colectivos, y generar espacios seguros en los que puedan ejercer su autonomía, acceder a  servicios de salud sexual y reproductiva, y disminuir su exposición a la violencia doméstica.

En cuarto lugar, el Comentario incluye consideraciones sobre tierras y procesos de posconflicto, que son uno de los ejes del caso colombiano en el presente. En particular, el Comentario reconoce el deber de establecer programas de restitución de tierras para quienes fueron desposeídos de aquellas, especialmente a poblaciones vulnerables, con vocación transformadora “en el sentido de que debe incluir políticas y medidas destinadas a reducir la desigualdad y mejorar el nivel de vida de esas personas”.

Por último, la discusión sobre emergencia climática que se está dando en la Corte IDH, en el marco del proceso de Opinión Consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos en curso, brinda una oportunidad única para incorporar varios estándares del Comité. En efecto, el Comité requiere que la “elaboración, celebración, interpretación y aplicación de los acuerdos internacionales […] en materia de […] lucha contra el cambio climático” se ajusten a las obligaciones reconocidas en el Comentario. Por ejemplo, el Comentario prevé que “los Estados deberán evitar la aprobación de políticas de mitigación del cambio climático, como las de secuestro de carbono mediante la reforestación masiva o la protección de los bosques existentes, que propicien diferentes formas de acaparamiento de tierras”.