¿Es democrático el nuevo proceso constituyente chileno?
21 de Abril de 2023
Chile acaba de iniciar un nuevo proceso constituyente, ¿es posible considerarlo democrático?
El lunes 6 de marzo de 2023, en una sencilla ceremonia, se instalaron dos de los tres órganos que guían el nuevo proceso constituyente chileno. Esa fue la fecha definida para convocar a los integrantes de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, instancias diseñadas por las fuerzas políticas con representación en el Congreso, para avanzar en el nuevo itinerario constitucional. En esta segunda oportunidad en la búsqueda de una nueva Constitución para Chile, se optó por confiar a 24 expertas y expertos la redacción del anteproyecto que será objeto de revisión por un órgano de representación, elegido a través de votación popular directa, denominado Consejo Constitucional.
Este diseño, recurre inicialmente a un mecanismo especializado, acotado en tiempo y número de integrantes para elaborar una propuesta que deberá conservar un conjunto de principios o bases previamente acordados por el Congreso Nacional. En esta primera fase, es evidente la mediación de los partidos políticos al definir el marco general de la discusión y la preservación de ciertas instituciones que se identifican como inherentes a la tradición constitucional y republicana del país. Además, la propia conformación del órgano redactor y del Comité Técnico, se configura políticamente en función de las proporciones de representación de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.
Las voces críticas del proceso, provienen de distintos ámbitos del espectro político nacional y pueden identificarse, al menos, en cuatro grupos de argumentos: (i) quienes, en virtud del contundente rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional, consideraron que debe clausurarse el debate constituyente y avanzar en soluciones para los “verdaderos problemas del país”; (ii) quienes demandaron un nuevo plebiscito de entrada en el cual debía consultarse a la ciudadanía sobre la procedencia del nuevo itinerario constitucional; (iii) quienes consideran que el nuevo proceso no es del todo democrático; y (iv) quienes consideran que grupos minoritarios fueron excluidos de los órganos de decisión y, a la par, destacan la amplitud socio política del anterior proceso.
Ahora, más allá de la compleja situación política, resulta importante abordar el cuestionamiento sobre el carácter democrático del proceso. Con ello, se busca no solo responder a la interrogante con la cual se titula esta columna, sino que también contribuir desde las ideas a cimentar un esfuerzo institucional que podría resolver las objeciones de legitimidad del ordenamiento constitucional y canalizar las demandas ciudadanas por más y mejores derechos.
Resulta complejo, dada la variedad de diseños, identificar un modelo específico de constituyente que asegure plenos estándares democráticos. Sin embargo, teniendo como referencia la política de cambio constitucional en América Latina en el contexto de instituciones democráticas preexistentes, es posible advertir que estos procesos avanzan mediante la concurrencia de un conjunto de mecanismos de democracia directa y democracia representativa. Sobre la primera categoría, destacan la participación plebiscitaria de la ciudadanía que, en su condición de titular de la soberanía, activa el proceso. También, otros mecanismos de participación que, como bien señala el profesor Felipe Paredes, aseguran la presencia de una participación pública amplia durante todo el proceso. En la segunda categoría, se insertan los mecanismos de elección de representantes, quienes conforman los órganos de deliberación y redacción de la propuesta. Una última dimensión, está dada por la definición de reglas democráticas para el funcionamiento de los órganos constituyentes. Como se argumentará a continuación, el proceso que actualmente vive Chile se aproxima positivamente a estos estándares.
La participación en condiciones de igualdad y libertad es necesaria para la legitimación democrática del poder del Estado y sus órganos. Entre estos se cuenta el órgano constituyente que ha derivado de una manifestación normativa, que no solo lo crea con el propósito transcendental de producir la Constitución, sino que también establece su composición, atribuciones y procedimientos. Este acto de creación mediante la manifestación de ley, a través del Parlamento, no es producto de una reacción antidemocrática a espaldas de la ciudadanía. Por el contrario, debemos considerar, al menos, cuatro elementos que no están presentes en los argumentos de las voces críticas.
Primero, la clara manifestación del electorado en el plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020, que produjo una adhesión a la opción apruebo del 78.31% ante la pregunta ¿Quiere usted una nueva Constitución? Segundo, los mensajes centrales de la campaña del plebiscito de salida, en torno a los cuales ciertas fuerzas de centro-izquierda y todo el espectro derecha coincidieron en convocar al rechazo para producir una nueva y “mejor” propuesta. Tercero, la legitimidad democrática del Congreso Nacional, que resulta de la elección del 21 de noviembre de 2021 y cuya composición de fuerzas actuales obliga a dimensionar el valor de la negociación política y la deliberación democrática. Cuarto, la realización de la elección del próximo domingo 7 de mayo, en la cual se elegirán a representantes de la ciudadanía para integrar el Consejo Constitucional.
De esta manera, aquellos argumentos de las voces críticas parten de una dimensión meramente electoral de la democracia. Si bien las elecciones son una condición necesaria para calificar regímenes y prácticas democráticas, estas no son suficientes ni son su único elemento característico. Es importante considerar, que la democracia también se consolida en el actuar de órganos previamente legitimados por el pueblo y mediante la práctica de mecanismos de acuerdo y participación que resultan variados e interesantes. En el Acuerdo por Chile, no solo se comprometieron las voluntades de legítimos representantes del pueblo en el Congreso, también se evidenció una práctica que debe replicarse en el proceso de resolución de controversias políticas, que es el diálogo, la deliberación y el mayor esfuerzo para la construcción de consensos duraderos.
A este nuevo proceso no le falta la legitimidad popular, en tanto parte con una clara manifestación de la ciudadanía en el plebiscito de 2020. Además, conforma órganos con la mediación de los representantes en el Congreso y prevé la conformación de un órgano integrado en su totalidad por representantes electos, así como el plebiscito de salida. Pese a ello, resulta en este contexto igualmente relevante la consagración de mecanismos y alcances de participación no electorales, que busquen vincular y reencantar a la ciudadanía con el proceso.
Así, hay que destacar la composición plural de los órganos técnicos como una importante manifestación de principios propios de la democracia. También, mecanismos consagrados en el Reglamento S/N de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional, que tienen por objeto recoger y facilitar oportunamente el proceso de participación de la ciudadanía y favorecer las condiciones para que esta sea considerada en el debate constitucional. Los mecanismos que el reglamento establece no difieren de aquellos que fueron implementados por la Convención Constitucional del anterior proceso, destacando la iniciativa popular de norma, audiencias públicas, diálogos y consultas ciudadanas.
Adicionalmente, el diseño de este proceso también contempló la inclusión de la regla de paridad para todos los órganos y, sobre el particular caso de la representación política de los pueblos originarios, se estableció como principio el reconocimiento constitucional de aquellos, que, si bien no se encuentran en los órganos técnicos, podrán optar al Consejo Constitucional de forma proporcional al número de votos que obtenga la lista indígena.
Finalmente, aunque el proceso marcha sin sobresaltos, se advierten importantes desafíos para los órganos constituyentes y sus integrantes. El primero de ellos, dice relación con transcender el estado actual de desconfianza. Una tarea compleja en la cual se juega la aprobación de la Constitución y su legitimidad. Puede que la adecuada implementación de mecanismos de participación durante el proceso contribuya a este propósito. También, un esfuerzo conjunto por procurar consensos e interpretar adecuadamente los anhelos del país en materia de derechos, organización del Estado, innovaciones democráticas, transparencia, economía, calidad de vida, sostenibilidad ambiental, crimen e impunidad, entre otras temáticas de importancia para los ciudadanos.
Citación académica sugerida: Palacios Sanabria, Luis Guillermo. ¿Es democrático el nuevo proceso constituyente chileno? Agenda Estado de Derecho. 2023/04/21. Disponible en: https://dutapp.com/es-democratico-el-nuevo-proceso-constituyente-chileno/
Palabras clave: Chile, Proyecto de Constitución Política, Plebiscito, Proceso constituyente chileno
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
