La CPI dictó orden de detención en contra de Putin y otra funcionaria de Rusia ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo puede irradiar esta decisión a la región?
El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que la Sala de Cuestiones Preliminares II dictó órdenes de detención en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la Comisionada para los de Derechos de la Niñez de la Oficina de la Presidencia, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra cometidos desde el 24 de febrero de 2022 en el contexto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Ambos son acusados de participar en los crímenes de deportación ilegal y traslado ilegal de población desde áreas bajo ocupación hacia el territorio de la Federación Rusa (artículos 8.2(a)(vii) y 8.2(b)(viii) del Estatuto de Roma de la CPI).
El caso se focaliza en la deportación y traslado de niñas y niños desde Ucrania a Rusia, hecho denunciado en distintas ocasiones por las autoridades de Ucrania y que también ha sido de conocimiento público a través de medios de comunicación, declaraciones y decretos oficiales del propio gobierno ruso. Lamentablemente, según un reciente informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania las estimaciones del número de afectados varían significativamente y no han podido ser verificadas, pero una base de datos del gobierno ucraniano registra 16,221 niñas y niños deportados hacia Rusia hasta finales de febrero de 2023.
Ante la solicitud del Fiscal de la CPI, la Sala de Cuestiones Preliminares ha considerado que existe motivo razonable para creer que los acusados podrían haber cometido crímenes dentro de la competencia de la Corte. Aunque las órdenes de detención todavía tienen carácter secreto para proteger el proceso de investigación y a víctimas y testigos, la Sala tomó la decisión de hacer pública su existencia dado que ello podría contribuir a prevenir la continuación de los crímenes. El Fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan KC, ha informado que la investigación contempla al menos ‘cientos’ de casos de niños y niñas que se encontraban en centros de protección y orfanatos y que fueron dados en adopción en Rusia. Khan se ha referido específicamente a decretos presidenciales emitidos por Putin que agilizaron el otorgamiento de la nacionalidad rusa a este grupo de niñas y niños con el objetivo de facilitar su adopción por familias rusas.
Poco más se sabe hasta el momento, pero es posible hacer algunas consideraciones iniciales al respecto. En primer lugar, llama la atención que la estrategia fiscal ha sido ir, desde el inicio, hacia lo más alto de la estructura jerárquica de autoridad: el propio presidente Putin, quien desde el año 2000 ha ido concentrando el poder en Rusia y quien es el máximo responsable del ataque armado a gran escala lanzado contra Ucrania desde finales de febrero de 2022.
No obstante, también es importante notar que se trata de un caso muy focalizado, por crímenes de guerra que posiblemente son menos difíciles de probar, si se los compara con otros en los que consideraciones complejas sobre proporcionalidad, necesidad o ventaja militar resultan clave para determinar la legalidad o ilegalidad de los actos. Adicionalmente, las víctimas pertenecen a un grupo protegido muy específico y el vínculo y la participación de los acusados en los hechos denunciados resulta bastante claro. Como se señaló previamente, existen documentos oficiales, declaraciones y fuentes accesibles públicamente que dan cuenta de los actos del presidente y la comisionada en el esquema de traslado y adopción de niños y niñas. Uno de los mayores retos en las investigaciones sobre atrocidades masivas suele ser cómo conectar a las figuras de más alta jerarquía con los hechos concretos del crimen, pero no parece ser el caso en las acusaciones contra Putin y Lvova-Belova.
En este sentido, es importante recalcar que no se trata de una investigación por el crimen de agresión, dado que la CPI no tiene jurisdicción en esta situación específica. Por el momento, tampoco contempla otros presuntos crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. No obstante, es posible que existan otros cargos que todavía no se hayan hecho públicos o que en el futuro se añadan otros delitos. De hecho, según un reportaje del New York Times, la Fiscalía de la CPI ha adelantado otra investigación por crímenes de guerra en torno a los ataques contra infraestructura civil en Ucrania. Sin embargo, hasta la fecha no existe información oficial al respecto.
Con todo, cabe resaltar que la estrategia fiscal inicial pareciera contrastar con la mayoría de casos recientes presentados contra líderes de alto, o incluso medio rango, en los que se acumulan múltiples cargos tanto por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, en algunos, inclusive genocidio. La determinación del alcance de la acusación es un aspecto clave en los casos de atrocidades masivas y las opciones disponibles tienen tanto ventajas como desventajas. Por ejemplo, una acusación focalizada puede contribuir a la agilidad, claridad y simplicidad del proceso, lo cual es beneficioso para todas las partes. No obstante, puede ser objeto de crítica por dejar a muchas víctimas fuera o no cubrir de forma adecuada las distintas formas de criminalidad registradas. Por el contrario, una acusación más exhaustiva puede reflejar mejor las demandas de las víctimas y presentar un relato más integral de lo sucedido, pero suele provocar que los procesos se alarguen por años y hacer mucho más compleja la labor de fiscales, defensores/as y jueces.
La emisión de la orden de detención contra Putin es un momento clave en la historia del Derecho Penal Internacional. No obstante, es poco probable que en el futuro inmediato el presidente de Rusia sea detenido y juzgado por la CPI en La Haya. Incluso es posible que nunca veamos un juicio. La Corte depende de los Estados para ejecutar la detención y, como lo ha ejemplificado el caso de Omar Al-Bashir, expresidente de Sudán, incluso Estados parte del Estatuto de Roma de la CPI han incumplido con su obligación de cooperar con la Corte en el arresto y entrega de Al-Bashir. Mucho más complicado es el panorama al tratarse de la detención del presidente en ejercicio de un poder nuclear como Rusia. De cualquier modo, no cabe duda que, de ahora en adelante, Putin tendrá que ser mucho más cauteloso tanto en sus desplazamientos fuera del territorio ruso como en la adopción de medidas que puedan desencadenar una crisis interna que ponga en peligro su continuidad en el poder.
Al mismo tiempo, y quizá más importante en lo inmediato, será dar seguimiento al efecto de las órdenes de detención en las decisiones del Gobierno ruso sobre las deportaciones y traslado de niños y niñas hacia Rusia. Si la actuación de la CPI puede disuadir la continuidad de este esquema o incluso coadyuvar al retorno y la reunificación de las víctimas con sus familias, la investigación de la fiscalía habrá tenido un primer resultado positivo y un respaldo al llamado efecto disuasorio de la CPI.
Pese a la trascendencia de la decisión, casi la totalidad de Estados latinoamericanos ha evitado emitir una posición al respecto. Por ejemplo, según el monitoreo realizado por Gurmendi, solamente Chile ha expresado su respaldo. Cuba, por el contrario, la ha rechazado argumentando que “carece de impacto jurídico vinculante para Rusia, país que no es parte del Estatuto de ese órgano”. En el caso de Brasil, el ministro de Relaciones Exteriores ha evadido dar una respuesta clara. Por un lado, ha señalado que respetan las decisiones de la Corte, pero que su competencia geográfica es limitada y que la presencia de Putin en los países miembros podría traer “complicaciones”.
En el escenario actual, parece poco probable que Putin viaje a un país latinoamericano, pero las posiciones oficiales de los Estados a la CPI son importantes como reflejo del nivel de respaldo con el que cuenta la CPI en este caso. Finalmente, dado que la Corte ha actuado de forma muy ágil en la investigación sobre Ucrania, habrá que mantenerse expectantes de cómo esto afectará los avances en otras situaciones como la de Venezuela I y cuál será la estrategia fiscal. Sin embargo, para mantener y fortalecer su legitimidad la Corte deberá, por un lado, demostrar que responde de forma similar en otras situaciones y, por otro, cuidarse de no ser percibida como un instrumento de los países occidentales.
Citación académica sugerida: : Aguilar, Víctor. ¿Putin a La Haya? Un comentario a la estrategia fiscal, la orden de detención y el efecto disuasorio de la Corte Penal Internacional. Agenda Estado de Derecho. 2023/04/05. Disponible en: https://dutapp.com/putin-a-la-haya/
Palabras clave: Derecho Penal Internacional, conflicto armado, crímenes de guerra, Vladimir Putin, Corte Penal Internacional, Ucrania, Rusia.
Investigador en derechos humanos y Chevening Alumni 2021-2022. Posee una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex y una licenciatura en Psicología por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.