CONOCIMIENTO EXPERTO Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO
20 de Marzo de 2023
Chile acaba de iniciar un nuevo proceso constituyente, ¿cómo se llevará a cabo y cuál será el rol de la sociedad chilena y del conocimiento experto o especializado?
Cinco meses después del fracaso del proceso constituyente iniciado en 2019, se desarrolla en Chile un nuevo intento de superar la Constitución de 1980, conforme con el mandato popular expresado en las urnas, en el que alrededor de un 80% del electorado votó en favor de una nueva Constitución. Varios de los actores del proceso han señalado se debe poner cuidado de evitar reproducir los problemas que, eventualmente, llevaron al rechazo de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional de 2021-2022. Sin embargo, es necesario expresar cautela en este sentido, dado que no existe consenso sobre qué factores incidieron en el triunfo del rechazo en el plebiscito de septiembre de 2022.
En este escenario se corre el riesgo de un diagnóstico errado o de una sobrerreacción, sobre todo considerando que en el debate público se ha difundido la idea de que el carácter eminentemente ciudadano de la Convención Constitucional, que elaboró el anterior proyecto, se construyó a expensas de los partidos políticos y del conocimiento experto de juristas especializados en materias constitucionales. Esta última idea parece explicar el diseño del proceso constituyente de 2023.
En breve, el actual proceso fue consensuado por los partidos políticos en un documento denominado Acuerdo por Chile, en el que se establecieron los contenidos básicos que debe tener la propuesta, o lo que es lo mismo, sus exclusiones. Su orgánica está dominada por órganos que poseen un cariz técnico. Existe un órgano denominado Comité Técnico de Admisibilidad, nombrado por los partidos políticos con representación parlamentaria, encargado de controlar que las propuestas de normas se ajusten a estas bases. También existirá otro órgano, igualmente nombrado por los partidos políticos, denominado Comité de Expertos, encargado de elaborar una propuesta de nueva Constitución. Solo en la última etapa, y con un ámbito de acción bastante acotado por las definiciones previas, intervendrá un órgano democráticamente electo, denominado Consejo Constitucional.
No se puede negar que el conocimiento experto es importante en la elaboración de un documento que –si bien posee innegables implicancias políticas- juega un rol fundamental en la estructuración del sistema jurídico de cualquier país. No obstante, hasta ahora, este diseño parece transmitir la idea de que existe una tensión entre conocimiento experto y participación democrática. Es verdad, que en la historia del pensamiento político las relaciones entre auctoritas y veritas no han sido sencillas. Por ejemplo, Platón planteó su famosa teoría del gobierno de los sabios, que terminó en una fracasada aventura que casi le cuesta la vida en Siracusa. Más modernamente esta idea ha regresado una y otra vez: John Stuart Mill, propuso que los votos se ponderaran según el nivel de educación de los ciudadanos y, autores como Jason Brennan, han defendido un modelo bautizado como epistocracia, que otorga poder político a los ciudadanos de acuerdo con sus conocimientos sobre asuntos públicos.
De este modo, la escasa participación ciudadana y la idealización del papel de los expertos son dos características centrales del proceso constituyente chileno de 2023. Este itinerario constituyente definido por los partidos políticos representa un problema. Es cierto que los miembros del Consejo Constitucional serán electos por la ciudadanía y, que, en definitiva, esta también se pronunciará en un plebiscito ratificatorio si acepta la propuesta de nueva Constitución. Esto, sin duda es valioso, aunque pareciera ser todavía insuficiente en un mundo en el que la participación democrática es un criterio insoslayable de legitimidad política. En efecto, las grandes crisis políticas de los últimos años se han generado por déficit democráticos, y de hecho la crisis político-institucional chilena de 2019, que fue el evento desencadenante del proceso constituyente, también puede ser leída en esa clave. Incluso, debido a la génesis del proceso, es previsible que las candidaturas al Consejo Constitucional estarán dominadas por los partidos políticos.
Los partidos políticos son un importante vehículo de participación en una democracia representativa, pero no el único. Es más, estos están asociados a un tipo de democracia que ha entrado recientemente en crisis en todo el mundo. En el caso de los plebiscitos o referéndums puede argüirse que, a pesar de que son una importante herramienta de democracia directa, igualmente presentan problemas en casos que se plantean opciones complejas que no pueden responderse fácilmente de manera dicotómica con un sí o un no. Por estos motivos, es doblemente importante la presencia de una participación pública amplia a lo largo de todo el proceso, y no solo en la etapa final cuando ya no es posible presentar propuestas, contribuir al debate o realizar enmiendas al texto.
Las razones para confiar en mecanismos amplios de participación ciudadana no son solo de legitimidad política, también lo son de legitimidad epistémica. Por una parte, la literatura ha relevado que el conocimiento experto no es inmune a las valoraciones de la política, porque la política no es sino una manifestación intersubjetiva de la ética, un terreno donde a menudo surgen desacuerdos razonables sobre lo correcto. Precisamente, esta circunstancia explica que en el proceso chileno los partidos hayan pactado el derecho a nombrar a sus propios expertos. Por otra parte, en la última década se han desarrollado en diferentes países innovaciones democráticas que han conciliado exitosamente el conocimiento experto y la participación, lo que muestra que ambas dimensiones no son necesariamente incompatibles. En otras palabras, el conocimiento experto se puede poner al servicio de la democracia y de la deliberación pública.
Sobre esto último, por razones de espacio, no es posible desarrollar en detalle esta idea. Aunque sí resulta útil mencionar brevemente la experiencia irlandesa en materia de asambleas ciudadanas, como un buen ejemplo en esta dirección. Dicho país europeo ha incorporado en sus esquemas decisionales a ciudadanos comunes y corrientes seleccionados por sorteo, quienes están habilitados para formular propuestas a los órganos políticos. En estas asambleas participan usualmente expertos, quienes son convocados por el gobierno, asegurando calidad técnica-científica y que las distintas posturas en la discusión estén representadas, aunque la decisión final siempre la tiene la asamblea ciudadana. Diversos estudios (ver aquí y aquí) han mostrado que personas sin experiencia política pueden deliberar y formular propuestas sobre complejos asuntos, que el conocimiento técnico puede ponerse al servicio de la democracia adoptando los debidos resguardos y que existen ámbitos en el debate público que poseen un eminente carácter moral, por ende, cualquier persona está habilitada para participar si se le provee de los insumos necesario para ello.
En suma, se puede concluir que el proceso constituyente chileno iniciado en 2023 presenta, hasta ahora, un déficit de participación ciudadana, lo que puede redundar en un problema importante de falta de legitimidad de una propuesta que pretende dejar definitivamente atrás el legado de la dictadura. Aunque escaso, aún existe tiempo para enmendar el rumbo. La creación de la Secretaría de Participación Ciudadana parece un paso adecuado en ese sentido, aunque de la reglamentación respectiva, no queda claro cómo los mecanismos allí regulados podrán tener una presencia seria y significativa en las deliberaciones y decisiones del Comisión Experta o del Consejo Constitucional. El tiempo dirá si el nuevo proceso constituyente chileno será capaz de purgar una deuda histórica de legitimidad democrática que en el año 2023 cumplirá ya medio siglo.
Citación académica sugerida: Paredes, Felipe. Conocimiento experto y participación democrática en el proceso constituyente chileno. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/20. Disponible en: https://dutapp.com/conocimiento-experto-y-participacion-democratica-en-el-proceso-constituyente-chileno/
Palabras clave: Chile, Proyecto de Constitución Política, Plebiscito, Proceso constituyente chileno
Abogado de la Universidad Austral de Chile. Doctor en Derecho, Universidad Pompeu Fabra. Académico y Procedano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Especialista en Derecho Constitucional.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
