Pero ¿qué pasa con los miembros del sistema judicial de Guatemala –jueces, fiscales, abogados, representantes de víctimas- que, a la par con el equipo internacional impulsaron procesos judiciales y lograron condenas contra poderosos carteles de corrupción en ese país?

En 2022, la Federación Latinoamericana de Magistrados –FLAM- y la Unión Internacional de Magistrados –UIM- juntaron esfuerzos para hacer una visita de jueces de diferentes países a Guatemala. Entre los diversos aspectos verificados de la situación institucional que vive en la actualidad ese país, se estableció que, a partir del cese de la CICIG, se dio paso al interior del sistema judicial a una persecución sin precedentes en contra de las y los jueces que cumplieron con la función judicial en relación con dicho proceso de búsqueda de justicia material en casos de esa índole.

Como resultado de esa visita, se emitió un informe en el que se estableció lo siguiente:    

Recibimos información de que alrededor de 24 exfiscales y jueces han tenido que salir al exilio debido a la criminalización y los ataques sistemáticos en su contra. Esto incluye a ex magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la ex magistrada de la Sala de Apelaciones Claudia Escobar, la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán, las ex fiscales generales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz, el ex fiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval, seis fiscales de la FECI y tres fiscales jefes de fiscalías de sección, entre otras personas…    

…existe un ataque sistemático en contra de jueces, juezas, fiscales y ex funcionarios de la CICIG que conocieron casos de gran corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Se está utilizando de manera indebida el derecho penal para criminalizar a los administradores y operadores de justicia como represalia por el trabajo que realizaron de manera independiente. Particularmente nos preocupa la situación de la jueza Yassmin Barrios y los jueces Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano, así como los constantes ataques en contra de los miembros de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) que defienden la independencia judicial…         

Frente a esto, se considera que es necesario un poder judicial fuerte que haga contrapeso a otros poderes del Estado. Como lo señala el analista internacional Daniel Kempken:    

Tomando en cuenta la gravedad de la gran corrupción, medidas de prevención a solas no son suficientes para enfrentar los desafíos. Hace falta también la investigación criminal de alto perfil y un poder judicial independiente que esté dispuesto a condenar a las personas corruptas.  Por eso, tiene mucho sentido fortalecer la justicia, incluyendo la administración judicial. También es necesario promover la integridad judicial. La justicia por supuesto no está libre de corrupción. Al mismo tiempo en cada sistema judicial se encuentran personas juzgadoras íntegras también. A estas juezas y jueces íntegros hay que promoverlos y hacerlos más fuertes…         

Pero, al perderse esta última característica de poder judicial independiente, al ser también cooptada la judicatura por la corrupción, se producen efectos negativos para el Estado de derecho, como se verificó en esa misión de jueces.