Personas con discapacidad: El grupo al que se sigue dejando atrás en Paraguay
28 de Febrero de 2023
¿Cuál es la situación actual de los derechos de las personas en situación de discapacidad en Paraguay?
El Banco Mundial, en una publicación realizada en marzo de 2021, sostiene que el 15 % de la población mundial experimenta algún tipo de discapacidad. Sin embargo, en Paraguay, hasta la fecha se desconoce el porcentaje de personas con discapacidad existente en el país, no contándose con información actualizada de carácter demográfico o administrativo, desglosada por edad, género, y otros parámetros. El último dato recopilado es de 2012.
Diez años después, en noviembre de 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE), dirigió la recopilación de datos de la población para el Censo Nacional de Población y Viviendas del Paraguay, generando enormes expectativas en las personas con discapacidad, al comunicar, desde distintos medios y páginas oficiales que, en el transcurso de los años previos al censo, había realizado distintos esfuerzos y capacitaciones para incorporar variantes conceptuales y metodológicas, con el propósito de que las personas con discapacidad se vean reflejadas en los sistemas de información del país. Pese a todas estas acciones citadas por la entidad del Estado, llegado el momento, habiendo realizado todas las pruebas de los cuestionarios censales, y sin aviso o participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad, decidieron excluir dos de las seis preguntas indicadas por el Grupo Estadístico de Washington. Estas dos preguntas mencionadas, hacían referencia a las discapacidades de tipo intelectual y/o psicosocial, impidiendo la identificación de miles de personas que tienen esa condición.
Lo mencionado anteriormente, ratifica las complejidades para medir la discapacidad, citada en distintos documentos por varios países de la región, y nos permite sostener que en Latinoamérica hay un enorme porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran invisibilizadas. De tal manera, surgen las siguientes preguntas: Quien no es contado, contabilizado o identificado, ¿existe para el Estado? Y, finalmente, ¿cómo hace el Estado y quiénes se encargan de su administración, para promover políticas públicas efectivas que respondan a realidades y no a supuestos, creencias o tabúes? Las respuestas a estas interrogantes son reflejo de la triste situación actual que viven muchas personas con discapacidad en varios lugares del mundo.
Promover y asegurar la toma de conciencia para hacer efectivos los derechos de este sector, forma parte de los compromisos asumidos por Paraguay y por aquellos países que han ratificado la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD). A pesar de esto, las barreras existentes dejan ver que los estereotipos, los tabúes y los paradigmas en torno a las personas con discapacidad, se encuentran aún muy arraigados y presentes en la sociedad y en los administradores del Estado, quienes, ya sea por desconocimiento o por falta de sensibilidad, no poseen un compromiso real que pretenda cambiar la situación actual de la población con discapacidad.
Si quien se encarga de la administración del Estado, desconoce o no interpreta a profundidad el modelo social para abordar la discapacidad, intenta dar respuesta a las problemáticas de este sector desde el capacitismo, e ignora que la accesibilidad es un derecho habilitador de otros derechos, probablemente las soluciones que intente brindar a las problemáticas de este sector de la población serán erradas, y estarán promovidas desde la caridad, sin reconocer la dignidad inherente y la capacidad de aporte a la sociedad de las personas con discapacidad.
Para cambiar esta situación, los Estados deben promover planes, programas y políticas públicas pensados desde un enfoque integral, inclusivo y de derechos humanos. Asimismo, estos siempre deben contener acciones que generen la toma de conciencia en quienes toman las decisiones estatales, así como en toda la ciudadanía, la cual también debe comprender la necesidad de un rol activo en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
Medir el porcentaje de inversión pública, es directamente proporcional a poder responder si los Estados desean (o no) ser inclusivos. Un claro ejemplo de esto se da en Paraguay, donde la situación de las personas con discapacidad únicamente ha mejorado en el plano normativo.
Amén de lo mencionado, no existe una ley contra todo tipo discriminación ni un proceso judicial que permita el cese de este tipo de violación de derechos, las problemáticas para acceder a los derechos más básicos, como el derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, al transporte, a la educación, al empleo o al igual reconocimiento ante la ley, siguen siendo algo de todos los días, y la inversión pública en el sector refleja lo mencionado.
Gráfico 1. Presupuesto de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) Años 2018-2022 (en millones de guaraníes)
Un Estado comprometido con la inclusión efectiva y plena de las personas con discapacidad, y la construcción de países que garanticen los derechos y libertades fundamentales de este sector, no solo debe tener datos desagregados, sino que también ha de tomar conciencia e invertir en ellos. También debe generar capacidades en las organizaciones de y para las personas con discapacidad, y promover planes para que líderes y lideresas con discapacidad, sean quienes lleven adelante, junto al Estado, la tarea de promoción y garantía de los derechos del sector.
En Paraguay, el acceso a la educación formal y no formal sigue siendo una deuda pendiente, por lo que aun las propias personas con discapacidad desconocen sus derechos y, por ende, son muy pocas las que deciden organizarse y/o exigirle al Estado que sea garante de estos.
Asimismo, como la inversión pública en el sector es prácticamente nula, así como la capacidad del Estado de hacer frente a la demanda que existe en cuanto a rehabilitación y habilitación, salud, educación y otros; las organizaciones de la sociedad civil en su mayoría son “para” y no “de” personas con discapacidad. De 86 organizaciones registradas en la SENADIS, más del 60% brinda servicios de atención directa a la población con discapacidad, buscando así suplir la incapacidad del Estado de dar respuestas a sus necesidades más básicas.
La Organización de Estados Americanos (OEA), menciona que el acceso a la justicia es un derecho en sí mismo y, a su vez, un medio que permite a las personas restablecer el ejercicio de aquellos derechos que les hubiesen sido desconocidos o quebrantado.
En ese sentido, los Estados no pueden pretender que las herramientas normativas que han promovido hasta la fecha (a la luz de la CDPD) y que generan pautas y principios, sean promovidas y tengan una aplicación efectiva, sin un plan integral con enfoque inclusivo y de derechos que involucre a los poderes del Estado, en especial al Poder Judicial y al movimiento asociativo de la discapacidad. En tal sentido, se debe tener en cuenta que el declarar un derecho, no siempre es suficiente para que el mismo se materialice. Es necesario que aquel pueda ser exigido con fuerza a las personas o entidades que deben garantizar su ejercicio.
Por lo que, si las personas con discapacidad desconocen sus derechos y si no existe un medio para acceder a la justicia eficaz y accesible, con operadores judiciales debidamente capacitados y sensibles hacia la temática, las personas con discapacidad nunca tendrán ningún tipo de herramienta para ser oídas ante situaciones de vulneración.
Finalmente, las situaciones de desprotección y violación sistemática de derechos que se sigue dando en Latinoamérica, nos permite concluir que, el acceso a la justicia por parte del colectivo de personas con discapacidad es limitado y casi inexistente, y que no es utilizado por ellas y ellos como un medio para exigirle al Estado la adopción y aplicación efectiva de recursos para que puedan, en igualdad de condiciones, resguardar y garantizar sus derechos y el disfrute de todas las dimensiones de su vida.
Citación académica sugerida: Olmedo, Renata. Personas con discapacidad: El grupo al que seguimos dejando atrás en Paraguay. Agenda Estado de Derecho. 2023/02/28. Disponible en: https://dutapp.com/personas-con-discapacidad-el-grupo-al-que-se-sigue-dejando-atras-en-paraguay/
Palabras claves: Personas con discapacidad – Derechos humanos – Inversión pública – Acceso a la justicia
Abogada y notaria por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Master en Derecho y Discapacidad por Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en coordinación con la Fundación Derecho y Discapacidad de Madrid, España. Especialista en Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos. Activista por los derechos de las personas con discapacidad.
Asesora externa de la comisión permanente por los derechos de las personas con discapacidad de la Cámara de Senadores del Paraguay. Directora Ejecutiva de Adapta, la primera empresa paraguaya especialista en accesibilidad, ajustes y autonomía personal.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
