La Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó su Código de Ética para Juezas y Jueces, ¿cuál es su importancia en el marco del cumplimiento de su función judicial?
En octubre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó su “Código de Ética de Juezas y Jueces” que, en palabras de su presidente actual, el Juez Ricardo Pérez Manrique, es reflejo de la gran importancia que tiene para el Tribunal la ética “como componente esencial de la independencia e imparcialidad judicial”. En su Preámbulo, como es común en instrumentos de esta naturaleza, la Corte IDH reconoce la necesidad de “precisar un conjunto de principios éticos esenciales orientadores para el buen y prudente desempeño de las funciones jurisdiccionales de las juezas y jueces”, no sin antes hacer referencia a una serie de disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Estatuto de la propia Corte IDH (el Estatuto), que resaltaré en este texto.
Los Códigos de Ética para la actividad judicial no son un hecho reciente. Sin embargo, su sistematización y adopción se ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas, teniendo a los “Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura”, ratificados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, como el primer ordenamiento jurídico internacional en el que se formulan estándares de comportamiento ético para juezas y jueces. Estos principios, aunque formulados para ayudar a los Estados a garantizar y promover la independencia judicial, han funcionado como base para codificaciones éticas y doctrinales relacionadas de manera directa a la actividad judicial internacional, como lo son la Recomendación No. R (94) 12 sobre Independencia, Eficiencia y Rol de los Jueces del Comité de Ministros del Consejo de Europa (1994), el Estatuto Universal del Juez de la Unión Internacional de Magistrados (1999), los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2002), los Principios de Burgh House sobre la Independencia de la Justicia Internacional (2004), y el Código de Ética Judicial de la Corte Penal Internacional (2005). Además, aunque no con una referencia expresa a los Principios Básicos de 1985, también en este panorama se debe resaltar que en 2001 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, adoptó un Código de Conducta de los miembros y antiguos miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, más recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptó una Resolución sobre Ética Legal en 2021.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que los principios éticos esenciales para la actividad de la judicatura de los Estados, se extienden a la actividad de los tribunales internacionales. También es posible afirmar que este nuevo Código de Ética de la Corte IDH, no es el primero de su clase, así como me atrevo a afirmar que tampoco es innovador. Sus cuatro páginas se basan enteramente en principios ampliamente aceptados por la doctrina, incluso clásica, así como por el desarrollo doctrinario moderno, e incluso por la jurisprudencia de la propia Corte IDH, sus tribunales homólogos y otros mecanismos internacionales que dan seguimiento en materia de derechos humanos, como los de Naciones Unidas.
En cuanto a su contenido, como se afirmó anteriormente, este no introduce novedades sobre el tema. De una lectura simple, se puede observar su gran similitud con el Código de Ética de la Corte Penal Internacional y con la Resolución sobre Ética Judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los tres documentos optan por una redacción llana y sin tecnicismos sobre los principios que deben regir la actividad de sus Juezas y Jueces, incluso después de terminar sus periodos. Sin embargo, más allá de recopilar elementos fundamentales para fortalecer la credibilidad, transparencia e imparcialidad de su actividad jurisdiccional, no se elabora de manera clara su aplicación, supervisión y, en caso de ser necesarias, sus sanciones.
Como mencioné al inicio de este análisis, la Corte IDH al adoptar su Código de Ética hace referencia a los artículos 52, 70 y 71 de la CADH y los artículos 4, 11, 16, 18, 19 y 24 de su Estatuto, retomando principios que ya se encontraban regulados por ambos instrumentos. Sin embargo, de cara al contenido del Código, llama la atención que se haga referencia al artículo 20 del Estatuto, titulado “Responsabilidades y Régimen Disciplinario”, así como llama la atención el haber omitido hacer referencia al artículo 73 de la CADH, relacionado a las sanciones que pueden ser impuestas a una Jueza o Juez.
Aun y cuando no exista instancia judicial en materia de derechos humanos superior a la Corte IDH en la región, la actividad de las Juezas y Jueces que la integran no está exenta de escrutinio e incluso sanciones. El artículo 20 del Estatuto de la Corte IDH prevé una potestad disciplinaria respecto de quienes integren su Pleno, la cual está a cargo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y podrá ser utilizada solo a solicitud motivada de la propia Corte IDH, así como también establece que es la propia Corte IDH la encargada de reglamentar su régimen disciplinario. Esto, va en conexión al artículo 73 de la CADH, que designa a la Asamblea General de la OEA como órgano encargado para conocer y resolver sanciones aplicables a los Jueces y Juezas de la Corte IDH. De esta forma, es claro que integrantes del Pleno de la Corte IDH pueden ser sancionados por faltar a sus deberes inherentes al cargo, lo que, por extensión, debería incluir sus deberes éticos.
A pesar de lo anterior, la Corte IDH al emitir su Código de Ética omite hacer referencia a cualquier mecanismo de seguimiento a la aplicación de las obligaciones, en este caso éticas, que deben cumplir sus Juezas y Jueces, así como tampoco refiere a un eventual seguimiento a la implementación de estos principios éticos, más allá de una consulta con la Presidencia de la Corte; aspecto que sí contempla el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual prevé la posibilidad de la Presidencia para consultar alguna situación relacionada a la aplicación de los principios éticos con un respectivo Bureau e introduce la obligación, por parte de la Presidencia, de reportar anualmente al Pleno del Tribunal la aplicación de estos principios.
En esta misma línea, aunque sería injusto no aclarar que, aunque los principios aplicables a la judicatura nacional pueden ser entendidos a la judicatura internacional, su análisis debe hacerse de manera distinta debido a la naturaleza técnica y jurídica que diferencia a ambas. Siendo así, el Grupo de Estudio de la Asociación de Derecho Internacional sobre la Práctica y el Procedimiento de Cortes y Tribunales Internacionales, desarrolló los ya mencionados Principios de Burgh, considerando las particularidades y reconociendo los retos que la judicatura internacional enfrenta. Al respecto, y en lo que es de interés para este análisis, estos principios establecen una serie de consideraciones cuando se esté ante un caso de “falta de ética” por parte de un Juez o Jueza internacional. Sobre ello, entre otras medidas, establece la necesidad de que cada tribunal establezca normas de procedimiento para tratar denuncias específicas ante el alegado incumplimiento del deber por parte de una Juez y o Juez, medida que convencional y estatutariamente la Corte IDH podría adoptar, agregando, además, que los instrumentos jurídicos de la Corte deben establecer medidas apropiadas para ejecutar y procesar las anteriores posibles denuncias, así como también deben contemplar la posible destitución de un Juez o Jueza, situación que no es clara, o es inexistente, dentro del funcionamiento de la Corte IDH.
Ejemplo de ello es lo sucedido en 2018, cuando el entonces Presidente de la Corte IDH, Juez Roberto Caldas, se vio inmerso en un proceso penal por violencia dentro de la jurisdicción brasileña. Como consecuencia de dicho proceso, el Juez solicitó a la Corte una licencia indefinida que, una semana después, se convertiría en la renuncia definitiva a su puesto. En respuesta a ello, la Presidencia de la Corte IDH emitió un comunicado indicando que aceptaba la renuncia del Juez, resaltando la importancia de que se investiguen los hechos, y condenando cualquier tipo de violencia contra la mujer. Si bien el inicio de este proceso fue ampliamente cubierto por la prensa internacional, no fue sino hasta que el entonces Juez presentara su renuncia, que la Corte IDH emitió una comunicación oficial. Es en cuestiones de esta naturaleza en las cuales un Código de Ética robusto y de aplicación clara representaría un abordaje jurídico y técnico de la cuestión, que, sin duda, tendría un impacto positivo en la imagen y transparencia de la propia Corte IDH.
Sin perjuicio de lo anterior, el solo hecho de codificar aquellos principios que la Corte IDH considera esenciales para la labor de sus Juezas y Jueces, debe ser valorado y celebrado como el sustantivo avance que es. En tiempos y contextos como el que atraviesa Latinoamérica actualmente, en donde la confianza en la justicia, tanto nacional como internacional, va en declive y en escenarios en donde la propia actividad jurisdiccional de la Corte IDH ha sido cuestionada, se debe abogar por más transparencia y reformas. El Código de Ética emitido por la Corte IDH es un gran punto de inicio, pero no debe verse como un producto final; su desarrollo debe continuar. La Corte debe mantener su reconocida posición progresista, incluso en aspectos sobre su propio funcionamiento institucional, buscando siempre responder a la realidad y necesidad social, jurídica y política en que se encuentre funcionando.
Citación académica sugerida: : Molina Delgado, Cristhian. Código de Ética adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿innovador o reiterativo? Agenda Estado de Derecho. 2023/02/14. Disponible en: https://dutapp.com/codigo-de-etica-adoptado-por-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/
Palabras clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Código de Ética, Ética y derechos humanos
Abogado por la Universidad de Costa Rica. Consultor Internacional para la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Miembro de la Comisión de Derecho Internacional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ex-funcionario del Área Legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ex-Secretario General de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.