La Refinería La Pampilla es una sociedad operada directamente por la compañía multinacional Repsol S.A, a través de sus filiales inscritas en el Perú. Esta tiene como objeto social la refinación, el almacenamiento, la comercialización, el transporte y la distribución de todo tipo de hidrocarburos, tales como el petróleo y sus derivados. Debido a los  graves impactos de este tipo de actividad,  se debe tomar en cuenta el alcance de las obligaciones reforzadas del Estado y la empresa, de manera que puedan prevenir o mitigar los daños sobre los derechos humanos.

En ese sentido, si bien la normativa peruana no ha reconocido aún la “debida diligencia empresarial”, acorde con lo establecido por los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, ésta sí ha reconocido la responsabilidad extracontractual por los daños generados, ayudando a reconocer algunas características comunes. Acorde con el Código Civil peruano, una persona puede ser responsable siempre que el daño se haya producido por una acción u omisión, a título de dolo o culpa (artículo 1969), o por el ejercicio de una actividad riesgosa que cause daño a otro (artículo 1970). En ambos casos, corresponde a la persona responsable el pago de una indemnización.

Con relación a la responsabilidad legal de las personas jurídicas, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que estas pueden ser responsables por los daños ocurridos. Inclusive, se ha reconocido la “extraterritorialidad” en el artículo 2058 del propio Código Civil, el cual establece la posibilidad de que tribunales peruanos puedan sancionar a personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, por acciones de contenido patrimonial derivadas de obligaciones por hechos ejecutados en el territorio nacional.

En el primer caso, nos encontramos frente a una responsabilidad de carácter subjetivo, por lo que es responsabilidad de la persona que causa el daño, el descargo de la culpa o dolo del hecho. Asimismo, en el segundo caso, frente a una responsabilidad objetiva, “no se requiere que medie una conducta dolosa o culposa, basta que exista un nexo causal entre el desarrollo de la actividad peligrosa con el daño causado al agraviado a consecuencia de dicha actividad”.

Asimismo, si bien la empresa Repsol ha iniciado acciones contra la empresa que proveía los servicios de transporte del petróleo, ambas pueden ser responsables solidariamente por acciones realizadas por esta última (artículo 1981 del Código Civil), si el daño se ocasionó en cumplimiento de un servicio, como lo es la descarga del petróleo en la Refinería. Estos terceros subordinados (que forman parte de la cadena de valor de la empresa) también podrían ser personas jurídicas, según lo que se ha determinado ya en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra Yanacocha del 2007, donde se analizó la responsabilidad por parte de la empresa por el daño ocasionado, luego de que una empresa contratista de transporte sufriera un accidente de tránsito, derramando en la carretera aproximadamente 152 kg de mercurio.

Cabe resaltar que, a pesar del reconocimiento de este marco regulatorio favorable para la responsabilidad civil, y de la entrega de apoyo humanitaria para las personas afectadas, se está aún lejos de contar con un mecanismo de reparación integral que responda a las particulares necesidades e impactos sobre las víctimas, y que responda a los estándares reconocidos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para ello, se va a requerir de la implementación, desde el Estado y desde los privados involucrados, de una serie de medidas que trascienden la indemnización (transferencia monetaria), y que permitan determinar el número de personas afectadas, los alcances del daño generado, e implementar una reparación plena y efectiva tanto de personas como el ambiente, que incluya medidas de restitución, satisfacción y rehabilitación, así como garantías de no repetición para evitar que hechos así vuelvan a ocurrir.