Tal como lo señala la Resolución A/RES/73/296 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia, celebrado cada 22 de agosto, se condena la violencia dirigida a individuos, incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas, sobre la base o en nombre de una religión o creencia. De igual manera, tal disposición deplora todos los actos de violencia cometidos contra las personas, sus hogares, empresas, propiedades, escuelas, centros culturales o lugares de culto, y todos los atentados cometidos en y contra lugares de culto, sagrados o santuarios, a causa de la religión o creencias.

No obstante, es pertinente reconocer y darle el peso que corresponde a aquellos actos de intolerancia y violencia que, aunque no están basados en la religión o creencias, sí afectan el libre ejercicio del derecho a la libertad religiosa e incluso llegan a poner en riesgo la seguridad humana de líderes religiosos o la integridad de sus templos de culto, convirtiéndolos en verdaderas víctimas.

Atender esta realidad es posible gracias a una comprensión integral del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comentario General 22 del Comité de Derechos Humanos, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cuando se analiza el estado de la libertad religiosa en la región  (de personas creyentes y no creyentes), una impresión común es que al menos a nivel normativo existen garantías para la protección del derecho a la libertad religiosa, salvo en aquellos países con tendencia autoritaria. Sin embargo, también en países democráticos de América Latina existen diversos contextos en los cuales líderes religiosos, laicos activos, grupos religiosos e incluso organizaciones confesionales ven limitado no sólo el derecho a la libertad religiosa -en su dimensión pública y colectiva- sino también a una multiplicidad de derechos interdependientes, tal como los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la objeción de conciencia, al libre tránsito, a la vida e integridad personal, entre otros.

Uno de estos escenarios es el relacionado con la vulnerabilidad de líderes religiosos en zonas cooptadas por el crimen organizado; situación identificada en países como México, Colombia, Honduras, El Salvador, Haití, por mencionar algunos. En estos casos, la libertad religiosa puede verse amenazada por actores no estatales que en su mayoría no tienen ninguna motivación religiosa. Las actividades de líderes o grupos religiosos son blancos de represalias en la medida que representan una amenaza para la estabilidad de los grupos criminales en una determinada área. En gran parte de los casos, los riesgos a los que se encuentran expuestos líderes o grupos religiosos son resultado de conflictos no religiosos. Sin embargo, ello no quiere decir que no se afecten múltiples dimensiones del derecho de la libertad religiosa. Es por esto que diversas organizaciones de la sociedad civil, así como la academia han visto la necesidad de resaltar esta problemática no sólo en instancias nacionales sino también en el sistema regional de protección de derechos humanos.

Otro escenario tiene que ver con violaciones al derecho a la libertad religiosa de comunidades indígenas en dos sentidos: por un lado, como resultado de factores externos, que pueden poner en riesgo por ejemplo la cosmovisión y la protección de tierras ancestrales, tan importantes para la espiritualidad indígena; y, por otro, cuando se ejerce presión sobre minorías religiosas al interior de estas comunidades.

Es decir, cada vez que un individuo decide convertirse a otra religión o abandonar las prácticas sincréticas en una comunidad indígena, el converso se expone a todo tipo de amenazas, represalias y exclusión. En este sentido, no sólo se puede hablar de minorías religiosas dentro de un grupo minoritario como las comunidades indígenas sino de minorías religiosas discriminadas al interior de la comunidad indígena. Esta es una problemática persistente en Colombia y México y hacen falta mayores esfuerzos por parte de los Estados de la región para identificar la existencia de este fenómeno, sobre todo en aquellos países con poblaciones indígenas numerosas.

Podemos mencionar un tercer escenario en América Latina, propio de países en los cuales las autoridades han debilitado la democracia y el estado de derecho con el fin de permanecer en el poder. Debido a las tendencias autoritarias de gobiernos como el de Cuba, Venezuela o Nicaragua, se pueden identificar diversas medidas represivas, respaldadas por un ordenamiento jurídico legal; aunque en muchas ocasiones, ilegítimo y aplicado de manera arbitraria a cualquiera que cuestione los postulados del partido de turno.

En este escenario, los líderes religiosos u organizaciones confesionales que denuncian constantemente a los regímenes citados por la violación de los derechos humanos se convierten en blanco de violaciones de la libertad religiosa por motivos políticos. Por tanto, cualquier líder religioso conocido o relacionado con la oposición al partido de turno es acosado o presionado incluso a través de medios violentos. De esta manera, las actividades religiosas se ven obstaculizadas o interrumpidas, y los lugares de culto vandalizados. En general, ninguno de los afectados puede encontrar una instancia, al menos a nivel nacional, en la que se denuncien tales acciones ilegales o se exija la garantía de sus derechos.

Finalmente, también debemos considerar que, en ocasiones, la expresión de creencias religiosas, puntos de vista y enseñanzas de los mismos grupos religiosos es constante objeto de escrutinio. Los mensajes, usualmente cristianos, en defensa del matrimonio o la familia desde principios religiosos en ocasiones se presentan como discursos discriminatorios o de odio hacia de grupos minoritarios. Por otro lado, en diversos países de la región, algunas autoridades gubernamentales y grupos seculares radicales buscan censurar la libertad de expresión de actores confesionales, en el ámbito público, con el argumento de un malentendido principio de laicidad o de la separación entre la iglesia y el Estado.

En determinados contextos, los seguidores de una religión o fe particular enfrentan críticas, insultos, límites a su libertad de expresión, sin mencionar ocasionales ataques físicos e incluso actos de vandalismo en sus templos. Esto, aunado a políticas o normas antidiscriminación, que usualmente conllevan sanciones penales o administrativas, ha conllevado en algunas ocasiones a la autocensura. A partir de una investigación exploratoria realizada por el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, en la cual se entrevistaron a aproximadamente 40 personas que profesan la religión cristiana (católica y no católica) de Colombia y México, se ha identificado que este fenómeno se configura cuando una persona no puede o no se siente libre de manifestar abiertamente su fe o convicciones cristianas o cuando no puede expresar sus puntos de vista basados en sus creencia;, por ejemplo, en temas relacionados con el matrimonio o la familia, sobre todo cuando van en contracorriente de la cultura predominante ya que esto puede conllevar no sólo a posibles sanciones legales, sino también hostigamiento social.

Tal como se ha descrito, el estado de la libertad religiosa en la región presenta diversos desafíos. Muchos de ellos aún siguen sin ser reconocidos por los Estados Miembros o incluso por los mismos grupos religiosos, mucho menos a nivel interamericano o universal. Basta con revisar los informes por país elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darse cuenta de que en general, el derecho a la libertad religiosa no es parte del análisis.  Si bien a nivel Universal existe un mayor enfoque hacia la protección de este derecho, siguen sin considerarse las diferentes problemáticas ya descritas.

A fin de cumplir con el mandato de la Asamblea General, es de suma importancia ampliar la educación en materia de derechos humanos, en especial del derecho a la libertad religiosa para lograr entender sus múltiples dimensiones. Sólo así será posible identificar cuándo estamos frente a concretas o potenciales vulneraciones y cuándo nos encontramos frente a víctimas de las violaciones a este derecho, aun cuando el motivo del conflicto no radique solo o por sí mismo en las creencias o la religión profesada, pero sí tenga un impacto directo en su ejercicio. Mas aún, será posible ahondar en los esfuerzos para promover una cultura de respeto a la diversidad y tolerancia a la pluralidad de expresiones religiosas.