El aporte de las y los defensores de derechos humanos es fundamental para fortalecer la democracia de cualquier país ya que su labor procura, de distintas maneras, promocionar, avanzar o proteger la concreción de estos derechos, y con más fuerza, cuando se activa en favor de las personas que sufren una situación de especial vulnerabilidad a causa de factores como la desigualdad, la discriminación, la exclusión o la pobreza.

Sin embargo, los derechos de las y los defensores de derechos humanos se ven violados en varias partes del mundo y principalmente en países en los que existe una debilidad institucional que no garantiza, a cabalidad, el Estado Social de Derecho. Este es el caso de Paraguay, donde estas personas ven afectados sus derechos a través de distintas formas como la persecución, el amedrentamiento o la criminalización, situaciones que se profundizan contra quienes se dedican a defender la tierra, el ambiente, la paz, el acceso a la justicia, la diversidad sexual o la libertad de expresión.

En este orden de ideas, existe un uso indebido del sistema penal que se centra, marcadamente, por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, en contra de los derechos de las defensoras y defensores de derechos de las tierras y territorios colectivos. El caso de la abogada María Esther Roa es un ejemplo de esta situación. Roa ejerció su derecho de manifestación y expresión, al participar en una concentración para denunciar hechos de corrupción cometidos por la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, y fue imputada por el Ministerio Público por supuestas violaciones a las restricciones impuestas por el Estado paraguayo durante la pandemia.

Por su parte, un ejemplo de criminalización colectiva a la defensa de derechos humanos es el caso que tiene como imputadas a las campesinas Angelina Silva, Ana María Santander de Jara, Jorgelina Coronel y Rosana Mabel Bareiro Dávalos, quienes fueron procesadas penalmente por el hecho punible de “invasión de inmueble ajeno”, cuando en realidad forman parte de una comisión vecinal de campesinos sin tierra.

También existen varios casos de estigmatizaciones, hostigamientos y persecuciones en contra de defensores/as indígenas en el marco de la protección de sus tierras, territorios y medio ambiente que están referidos en algunos materiales nacionales como los informes anuales de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y de Amnistía Internacional o en el libro titulado Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en el Chaco Paraguayo. Relatos de Lucha por la Tierra de Maximiliano Mendieta, por citar algunos. 

Es por esta situación que organismos de protección internacional de derechos humanos han recomendado a Paraguay la adopción de un mecanismo legal de protección de estas personas. Resalta el especial énfasis que se le ha dado a esta observación desde el Examen Periódico Universal (EPU), un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con la finalidad de avanzar y mejorar la situación y la vigencia de los derechos humanos en todos los países que forman parte de la ONU.