Uno de los hechos que ha dejado boquiabierta a la opinión pública nacional e internacional, y que forma parte de este guión retrógrado, es la aprobación de la denominada “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, vetada posteriormente por el ejecutivo.

Se trataba de un cuerpo legal que, restaba derechos a las mujeres, fomentaba el odio y la discriminación, además ponía en riesgo la vida y los derechos de un gran grupo de personas de la comunidad LGBTI+, y anulaba por completo la existencia de las familias de este colectivo. En esta ley también se excluía la educación sexual integral del pensum de estudios, entre otros aspectos problemáticos.

Una de las consideraciones de la normativa aprobada por el Legislativo, es la siguiente: “ante la existencia de grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”, una abierta transgresión a los principios de libertad e igualdad contemplados en la Constitución Política de la República, y agregando un ingrediente extra: la religión.

Fue la religión, el sistema cultural que moldeó la vida en la Edad Media de occidente. En aquella época histórica, la superioridad del poder espiritual sobre el temporal facultaba al primero para intervenir en la esfera secular. Esto ocurría cuando a juicio de la Iglesia, se afectaba algún valor espiritual con lo cual se ponía en peligro la salvación de las “almas” sobre las personas. 

La interferencia de las creencias religiosas, debilita la necesaria separación entre religión y Estado. Debe respetarse la convicción religiosa personal, pero no permitir que invadan el respeto de los derechos de los demás.       

En el contenido del cuerpo legal, la propia definición de la diversidad sexual, dice mucho sobre el carácter regresivo, señalando que es: “incompatible con aspectos biológicos y genéticos del ser humano, institucionalizando su rechazo a la misma”. Es decir, a capricho del legislador, se evaden realidades culturales, históricas y científicas. Se contraviene totalmente el contenido constitucional y de un sinnúmero de convenios internacionales, distanciándose así de lo regulado por países –inclusive vecinos– que ya superaron un tema que es tabú para un segmento retrógrado de la sociedad guatemalteca.

Con el tamiz de prevenir males, al grupo ultraconservador que propició la aprobación de la ley, imponen un esfuerzo prohibitivo de la educación integral en aspectos sexuales. La Ley para la Protección de la Vida y de la Familia, concentra en su breve contenido, disposiciones que criminalizan a las mujeres que interrumpan su embarazo por cualquier motivo, pero también afecta a los médicos y todo el personal sanitario público o privado que cause o coopere con un aborto. 

Estos esfuerzos regresivos, propiciados por sectores ultra conservadores, que tienen un público y que representan adeptos para los políticos, tienen además una atmósfera cargada de símbolos. Como por ejemplo que la aprobación de la ley se hubiese dado en medio de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Al día siguiente, se celebró el Día de la Vida y la Familia, habiendo designado a Guatemala como Capital Iberoamericana de la Vida y la Familia, que tiene como antecedente, la aprobación del 9 de marzo como día de la familia en Guatemala, ley aprobada en febrero de este año.